Defender la escuela pública es delito

En este país, en el que personajes como Camps son declarados "no culpables", se penaliza -sin embargo- algo tan peligroso y nocivo como defender la educación. Está visto que comprometerse en la lucha por la escuela pública -y por el futuro de nuestros alumnos- es una actividad delicitiva que, como demuestra la sanción impuesta al director del IES Matías Bravo, merece toda nuestra censura y reprobación.

Una suspensión de quince días de empleo y sueldo ha sido la recompensa que ha obtenido nuestro compañero de Valdemoro por implicarse en su trabajo. Una sanción muy justa y razonable, desde luego, pues cometió actos tan graves como firmar un documento explicando por qué y cómo estos brutales recortes atacan la calidad de enseñanza y permitió que los profesores de su claustro emplearan retretes para expresar su posicionamiento contra las medidas de la Consejería de Madrid. Si hubiese colgado pancartas de apoyo al Papa y a las ideas cristianas, tal y como se hizo en los edificios públicos madrileños -Consejería incluida- en el mes de julio, seguramente otro gallo (mucho más favorable) le habría cantado.

En medio de este sinsentido, confieso que no concibo ningún otro trabajo en el que se castigue a quienes lo desempeñan por salvaguardar la calidad y dignididad de su oficio y, sobre todo, por pelear para que ese trabajo sea posible y contribuya al fin social que le está encomendado. En nuestro caso, sin embargo, está claro que se prohíbe y castiga todo lo que no suponga suscribir las medidas privatizadoras de la Comunidad de Madrid y aplaudir a su avasallamiento constante de los derechos de docentes y alumnos.

Supongo que, en el fondo, todo este episodio no es más que una nueva forma de extorsión y chantaje. Ya intentaron asustarnos denunciando a quienes votaron con camisetas verdes en las pasadas elecciones. O trasladando injustamente a los profesores que hablaban en ciertos medios. Ahora, al ver que la realidad de las aulas no les da la razón (era imposible, puesto que han basado su argumentación en datos sacados de la ignorancia o de la mentira, vaya usted a saber...), prefieren el castigo ejemplar para hacernos callar a todos.

Personalmente, y mientras esa sanción no sea retirada, no creo que haya nada que negociar con esta Consejería que no solo no dialoga con sus trabajadores, sino que los insulta y convierte -día sí y día también- en delincuentes. Desde que comenzó este proceso, muchos docentes nos hemos sentido humillados, vejados, maltratados y, desde luego, difamados. Ahora solo nos quedaba vernos multados y, quién sabe, tal vez en unos meses hasta nos ganemos los barrotes de los que gente tan intachable como Camps se han librado.

Abochorna comprobar que se premia al que miente, al que se corrompe, al que se aprovecha de los demás, y se castiga a quien lucha, a quien se implica, a quien defiende un valor que es de todos: la educación. O quizá es que la auténtica lección que quieren darnos es aún más profunda, quizá lo que quieren hacernos ver es que no tiene sentido defender la educación, un valor obsoleto en este modelo social que sigue bebiendo de la picaresca, del esperpepento, del atraso y de la ignorancia. Para qué defender la escuela pública cuando lo que deberíamos hacer es alentar a nuestros alumnos a actuar con total egoísmo e impunidad. Animémosles a construir -ladrillo a ladrillo y traje a traje- sus propios reinos de Valencia y dejémonos de educarles en valores que otros -esos dichosos gigantes torpes como molinos- se encargarán, con el tiempo, de pisotear.