La desunión y el desprestigio. Dos armas fáciles -tan peligrosas como irresponsables- y muy eficaces en tiempos de crisis. Esos son los instrumentos que la Consejería de Educación está empleando contra sus profesores en un acto de cinismo que nos hace recordar aquella -vana y derrochadora- campaña del "Apoya a tus profesores" como un carísimo (1'8 millones de euros, nada menos) ejercicio de humor negro.
Es irresponsable que nuestra Presidenta afirme ante las cámaras televisivas que trabajamos solo 18 horas y que aumentar esa cifra a 20 es lo menos que podemos hacer para no agraviar comparativamente al resto de los madrileños. Es irresponsable que solo corrija esa falaz cifra a través de su cuenta de Twitter, jamás en un medio masivo como los empleados para el desprestigio de nuestro colectivo. Es irresponsable que los medios -no todos, pero sí la mayoría- sigan presentando esas famosas dos horas como el núcleo del conflicto. Y es irresponsable, en definitiva, que se convierta en chivo expiatorio a un colectivo -el del profesorado de la pública- que resulta un blanco fácil para la ira de quien, lamentablemente, no goza de una posición laboral estable.
En ese continuo libelo contra los docentes -que tan rápidas adhesiones consigue desde una posición acrítica-,
se obvian datos insignificantes, nimios, apenas perceptibles, como los siguientes:
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se silencia que la mayoría de los profesores madrileños ya teníamos horarios con 19, 20 y hasta 21 horas lectivas durante los dos cursos pasados (en mi caso, por ejemplo, en 2010-11 tuve 19 horas lectivas dentro de las 37,50 h de mi horario oficial: repito, solo del oficial), pues éramos conscientes de los recortes y fue preciso hacer esas ampliaciones poder mantener los desdobles y grupos flexibles, imprescindibles en Secundaria;
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se omite el hecho de que la mayoría de asociaciones de padres -así como la FAPA (Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres de Alumnos)- se han sumado en numerosos comunicados a nuestras reivindicaciones y las apoyan sin fisuras, pues son conscientes de que esta no es una pelea de gremio, sino una lucha por el sistema educativo público, por su necesaria pervivencia y su (ahora arrebatada) dignidad;
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se pasa por alto que no solo se está contribuyendo a un aumento del paro en nuestra Comunidad, gracias a los 3000 interinos que ya no trabajarán este año, sino que, además, se deja sin centro a otros 1000 funcionarios -con plaza- que no saben si impartirán clase o no durante este curso (tal y como informaba hoy, al fin,
El País), a pesar de que los institutos siguen bajo mínimos y en los claustros resulta imposible comenzar las clases sin abarrotar las aulas;
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se silencia que la crisis y la protesta de padres y profesores se agravó e intensificó cuando se suprimieron las tutorías -curiosamente, solo en la pública-, algo que supone más trabajo para el docente y que, sin embargo, exigimos quienes creemos de veras en la educación, quienes sabemos de su importancia para la convivencia y el éxito escolar, quienes somos conscientes de la cantidad de problemas (son adolescentes, ¿lo recuerdan?) que se pueden llegar a afrontar en un aula de Secundaria;
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se calla la realidad de que, para ser un colectivo tan egoísta e insolidario, esta es una movilización en la que no hemos incluido una sola reivindicación salarial: no estamos pidiendo que se mejoren nuestras condiciones (es más, hemos rechazado las migajas que nos propone la Consejería). No estamos peleando por mantener privilegio alguno,
estamos diciendo que podemos asumir esas horas de más si nuestros compañeros -esos 3000 interinos, esos 1000 funcionarios en expectativa- ocupan sus lugares en las aulas y nos ayudan en nuestra tarea educativa por el bien de nuestros alumnos;
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se oculta que la protesta no nace de un sentimiento corporativista -pueden ojear muchos posts de este blog para hacerse una idea de hasta qué punto detesto, en cualquier ámbito, el gremialismo-
sino de la necesidad de reivindicar la calidad y la dignidad de la educación pública, a la que se le han recortado 80 millones de euros mientras se entregaban -vía regalo fiscal- 90 millones de euros a la privada;
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se disfraza la crisis educativa con proyectos autobombásticos, como el bilingüismo (¿cómo se trabajará ese bilingüismo, por cierto, en centros sin posibilidad de crear grupos de conversación?)
o la excelencia (reservada a un único centro en toda la Comunidad y negada, de plano, a todos los demás alumnos de nuestra región)
y se tapa así la supresión de refuerzos, desdobles, grupos flexibles y figuras tan necesarias como las de los orientadores y los profesores de Compensatoria (en mi centro, por ejemplo, no habrá ninguno en este curso), cuya labor con los alumnos con más problemas es, simplemente, insustituible;
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se aleja del debate el recorte de plazas para alumnos en FP y en Escuelas de Idiomas, algo que convierte a ambas enseñanzas en un futuro reducto exclusivo solo para aquellos que puedan pagárselas en la educación privada;
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se obvia que el profesorado sufrió y aceptó un recorte salarial -como todos los funcionarios- el curso anterior y que, si bien hemos contribuido a pagar la crisis (ajena) con una parte importante de nuestras nóminas, no recordamos -por contra- haber recibido beneficio alguno en tiempos de bonanza;
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se oculta que Madrid es una de las Comunidades que menos invierte por alumno y se insiste en que se busca la excelencia aunque se fomente, de facto, la mediocridad.
En síntesis, desde la Comunidad y su Consejería, se nos presenta a los docentes como el enemigo y se busca una catarsis rápida de las iras ajenas, haciendo alusión a nuestro -impopular- estatus de funcionarios -sin explicar jamás el proceso de años de estudio y las renuncias que eso conlleva, por cierto- y convirtiéndonos en privilegiados que se quejan de puro vicio. Y de puro vagos.
Es irónico que, para ser tan vagos y tan egoístas, nuestras demandas -en caso de ser atendidas- no vayan a servir para mejorar nuestras condiciones laborales. Por ejemplo, en mi caso, que soy funcionario con una plaza fija y destino laboral asegurado, veré cómo disminuye mi sueldo por cada día de huelga para, en caso de ser escuchados, acabar trabajando las mismas horas y por el mismo sueldo. Pero estoy dispuesto a perder cada euro que sea necesario para que mis compañeros recuperen sus puestos de trabajo y mis alumnos tengan la educación que se merecen, en aulas con ratios adecuadas, en centros con profesores suficientes, en
un sistema educativo público que ha costado mucho crear y que ahora, ante los ataques salvajes de la Consejería, es momento de defender.
