Profesores bajo sospecha

Llegué al Darío huyendo del IES Espronceda, mi centro anterior. Se trataba de un instituto bastante conflictivo controlado por un ejército de dinosaurios que habían elegido aquel destino por el simple hecho de que se encontraba cerca de sus domicilios. Prácticamente nadie estaba a gusto con el tipo de alumnado que atraía el centro —en su mayoría, inmigrantes recién llegados al país que apenas hablaban castellano—, pero los miembros del claustro tampoco pretendían cambiar ni mejorar la situación de esos chicos. (...) En mi caso, aterricé en el Espronceda porque deseaba afrontar ese tipo de situaciones. Necesitaba ponerme a prueba y demostrarme que mi labor como orientadora podía ser realmente útil ante un alumnado así.

Sin embargo, mi problema jamás fueron los chicos —al revés, agradecían con enorme cariño cualquier muestra de interés por mi parte—, sino mis compañeros. En cuanto llegué allí me di de bruces con un claustro que no estaba dispuesto a permitir ninguna injerencia por parte del departamento de Orientación. Ellos no querían salvar a los chicos de su fracaso, sino perpetuarlos en él para que abandonasen el centro cuanto antes. (...) Mi trabajo, sin embargo, consistía en todo lo contrario, así que el resultado de esa enorme tensión fue un año de intenso mobbing que me hizo pedir mi actual comisión de servicio en el Darío.

Mayte T.F., orientadora del IES Rubén Darío

LA EDAD DE LA IRA (Ed. Espasa)

El anterior pasaje pertenece, como es obvio, a una novela, así que puede ser calificado de ficción. Sin embargo -como muchas otras de las historias que recorren la página de La edad de la ira- nace de un hecho más que real -y muy cercano: vivido en primera persona por una muy buena amiga orientadora- que sufrió una experiencia idéntica a la que se relata aquí. Una directiva que llevó a cabo, durante todo un curso escolar, una política de acoso y derribo contra todos los -escasos- miembros del claustro no afines a su forma de pensar y de actuar, consiguiendo no solo la salida del centro de muchos de ellos sino, en algunos casos, bajas por depresión y denuncias por mobbing que, aún hoy, siguen abiertas.

Claro que esto no es generalizable, claro que hay directivas estupendas, claro que la tarea de la directiva es compleja e ingrata, claro que no dejan de ser compañeros nuestros y que, para que todo funcione, hemos de remar en la misma dirección y no seguir dividiéndonos en grupúsculos eternamente opuestos y enemistados entre sí. Pero lo cierto es que aumentar la autoridad -ya sea de los profesores en el aula, ya de la directiva sobre los profesores- no creo que sea el modo de luchar -como se afirma en este artículo de hoy de El País- contra el fracaso escolar.

Es triste comprobar que siempre se repiten las mismas (fallidas) recetas: por un lado, la cantidad (cuantas más horas tengan, más aprenderán, piensan algunos) y por otro, el control y la sanción (convirtiendo al profesor, desde el principio, en sospechoso de ser sancionado). Resulta curioso que se hable de mejorar la imagen social de los docentes (se supone que ese es uno de los objetivos del famoso -y, de momento- mal y poco diseñado PrIR) y, a la vez, esa imagen se deteriore con medidas que parecen decir a la sociedad que es necesario "atarnos en corto" para que no sigamos desmandándonos. Como prueba el pasaje novelístico que abre este artículo, soy más que crítico conmigo y con mi gremio -siempre he renegado, en todo trabajo, del corporativismo-, pero al igual que pido que se depuren las responsabilidades de quien no cumple, también exijo que los profesores no vivamos siempre bajo eterna sospecha de negligencia, dejadez e incumplimiento.

Al respecto de esta nueva medida sobre la autoridad de las directivas, solo me gustaría hacer algunas reflexiones:

- En primer lugar, creo que la creciente autonomía de los centros es muy peligrosa. Ya se ha propuesto que cada instituto decida tanto sobre la realización de las tutorías como sobre el 35% de los contenidos que se impartirán a sus alumnos, lo que permitirá que haya un abismo -aún mayor, si cabe- entre unos centros y otros. No contentos con la fractura de niveles que ya ha favorecido el sistema bilingüe (de cuyos pros y contras habría que hacer todo un post independiente, este no da para ello), ahora se anima a los centros a que decidan -como si de una suerte de Reinos de Taifas educativos se tratase- a que impartan lo que consideren oportuno. En vez de controlar la realización -a veces inexistente- de adaptaciones curriculares, en vez de reducir grupos, en vez de fomentar la atención a la diversidad, se tira la toalla y se asume que cada centro "dé lo que pueda", como si hubiera alumnos que no merecieran más lucha y con los que nuestro conformismo haya de ser total.

- En segundo lugar, permitir que las directivas sean las que sancionen hará que esos cargos se conviertan en grupos de presión y aumentará -cómo no- la fractura entre ellos y el resto del claustro. En este sentido, es una medida muy oportuna en un contexto de crisis como el actual. Saben que cuanto menos unidos estemos en la lucha prevista para septiembre, será más fácil derrotarnos, así que nada mejor que comenzar a situarnos en trincheras diferentes para que ese camino sea mucho más abordable.

- Además, ya contamos con un órgano de control y sanción: la Inspección educativa. Evidentemente, su funcionamiento deja mucho que desear, no siempre por parte de quienes la integran -sería tan poco justo generalizar su labor como hacerlo con los docentes o con los directores de los centros- sino por una burocracia agotadora que acaba dejando en nada la mitad de sus gestiones. En mi centro, este curso, hemos vivido dos situaciones muy complicadas (una la viví directamente como parte implicada, pues afectó gravemente a los alumnos de mi tutoría) y nadie -ni claustro, ni padres, ni alumnos, ni la directiva, ni la inspección: pese a estar todos unidos- hemos podido conseguir que se tomaran unas medidas que resultaban urgentes y necesarias. Sí que falta reacción, claro, pero una reacción externa, objetiva y, sobre todo, no condicionada desde dentro. Convertir a los directores en jueces -estando claramente involucrados en cuanta decisión al respecto toma- genera un evidente conflicto de intereses y favorece situaciones de mobbing en aquellos centros donde la directiva no es, precisamente, ejemplar (y de esos, como en todo, también conocemos todos unos cuantos).

- Por otro lado, es curioso que esta medida llegue justo cuando ciertas Comunidades -como Madrid- están proponiendo que las directivas de los centros se externalicen (siguiente paso, de momento solo hipotético, en su plan de progresiva privatización). Si, como se propuso en las últimas asambleas, las directivas más críticas dimiten en masa ante los recortes, la Consejería puede colocar allí a más afines suyos, así que les hacemos un favor inmenso que nunca podrán agradecernos lo bastante. Es preciso, pues, que seamos cautos, prudentes y astutos y que, además, apoyemos a esas directivas -que también son muchas, por supuesto- que hacen oír su voz crítica y que -ahora más que nunca- son esenciales para el futuro de la educación pública.

Siempre tuve mis dudas -y las sigo teniendo- sobre la ley que nos convertía a los profesores en autoridad pública. Y no porque no sea consciente de que se dan situaciones complicadas -yo mismo fui insultado por un padre en mi primer mes en un instituto público..., otro de los "hechos reales" que se cuentan en la novela- sino porque me inquietan enormemente los abusos de poder que de ello pueden producirse. Creo que es preciso poder sancionar, claro; poder actuar, por supuesto; poder exigir, desde luego...; pero desde una autoridad que juzgue con objetividad y a la que se le pongan facilidades -no trabas burocráticas- para que ese juicio sea posible.

Un juicio en el que, una vez más, nos ceñimos siempre a papeles y a formularios, en vez de a testimonios, realidades cotidianas e inspecciones del trabajo real. Sobre todo porque, y en esto creo que muchos compañeros estaremos de acuerdo, en los claustros todos sabemos -enseguida- quién es esa minoría que no cumple. Lástima que, en vez de fortalecer un sistema ya existente y de perseguir a esos pocos, se prefiera siempre considerar sospechosos a todos los demás y crear nuevos instrumentos de sanción y presión que no solo no van a frenar el fracaso escolar (¡qué ingenuidad la de quien piensa así!) sino que empeorarán -notablemente- la convivencia en nuestros centros. Y si no, al tiempo...